PROMESAS ELECTORALES: MENTIRAS NO ARRIESGADAS

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Desahucio exprés del escaño para el político que no cumpla su programa electoral

 Un problema

 Algo no funciona. Vivimos tiempos extraños. Tiempos de dos varas de medir. A los fuertes que fallan, se les rescata. Se tiene con ellos “paciencia infinita” como dijo Pepiño Blanco (ministro del PSOE) en referencia a los bancos. Y luego se les transfiere millones de euros del contribuyente sin ningún tipo de contraprestación. Sin embargo, a los débiles que fallan, se deja caer sobre ellos todo el peso de la ley. “Que se jodan”, como dijo Andrea Fabra (diputada del PP e hija de Fabra) en referencia a los parados.

Si el deudor hipotecario incumple sus compromisos de pago, se le desahucia y se le echa de casa por la vía rápida. Sin embargo, si el gobierno o diputado de turno incumple sus compromisos electorales, no se les puede echar de su cargo. Incluso existen mecanismos limitados para obligarle a comparecer y dar explicaciones. Nuestras leyes electorales han consolidado la estrategia del percebe de los políticos partitocráticos: se agarran a la silla como los crustáceos se aferran a las rocas para no ser arrastrados por el oleaje.

Se dice que el desahucio debe ser sumario porque está en juego la seguridad jurídica y la credibilidad del mercado inmobiliario. El PSOE de Zapatero aprobó la ley del desahucio exprés por el cual, en cuestión de semanas, una familia podía verse privada de su hogar y del derecho fundamental a la vivienda. En el caso de las promesas electorales incumplidas está en juego la soberanía y la calidad de la democracia, pero no existe ningún mecanismo de control durante los cuatro años que dura la legislatura. En otras palabras, en nuestro actual sistema democrático, incumplir el programa por el que un cargo público fue elegido no tiene ningún coste.

Esta situación ha traído problemas muy graves para España. Zapatero prometió centrar su segunda legislatura en trabajar por el pleno empleo y dejó en su herencia cinco millones de parados. Rajoy prometió menos impuestos y más empleo y ha hecho exactamente todo lo contrario. Zapatero aprobó la ley del matrimonio homosexual sin estar incluida esta propuesta en su programa electoral. Rajoy está torpedeando por cálculos oportunistas la derogación de la ley de plazos del aborto a pesar de estar recogida en su programa electoral. En resumen, los gobiernos del signo que sea saben que una vez han ganado las elecciones tienen carta blanca para actuar sin obligación de rendir cuentas a los electores.

Rajoy puedes confiar

Atención al letrero del micro: + empleo  – impuestos

Una propuesta

Existen países que incluyen en su ordenamiento mecanismos efectivos de control del gobierno. Por ejemplo, la constitución de Venezuela recoge este mecanismo:

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.

No es papel mojado. El propio Chávez tuvo que someterse en 2004 a un referéndum revocatorio promovido por la oposición a mitad de legislatura. En Europa se considera que el sistema venezolano tiene graves déficits democráticos. Tenemos buenos motivos para pensar así. Pero en esta concreta cuestión nos llevan la delantera. Si el régimen de Chávez tenía rasgos dictatoriales, ¿cómo podemos calificar el sistema español?

Además del referéndum revocatorio, podrían regularse mecanismos de audiencias públicas durante la legislatura para dar explicaciones sobre el grado de cumplimiento del programa electoral y sobre el calendario previsto para las reformas prometidas. En todo caso, al concluir cada legislatura, el gobierno debería rendir cuentas sobre los motivos por los que no ha cumplido una promesa electoral.

Hay alternativas. Hay mecanismos de control y de supervisión ciudadana que se están utilizando en otros países. Sí se puede. Pero no quieren.

 

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