PREFERENTES: LA ESTAFA PERFECTA (2 DE 2)

Una sociedad sana no puede permitir que los autores intelectuales del atraco del siglo salgan impunes. Si no hay condenas de prisión, volverán a repetirlo.

Contra el fraude de las preferentes

La escena del crimen.

Contrariamente a lo que sale en las noticias, la escena del crimen no han sido las oficinas y sucursales de nuestros bancos y cajas de ahorros. Han sido las salas enmoquetadas de los consejos de administración de las entidades. Ahí es dónde se ha originado el ánimo de engañar. Las órdenes de compra de las preferentes cursadas en las sucursales son sólo la manifestación última de la estrategia de engaño diseñadas en las plantas nobles de las ciudades financieras.

Los autores y colaboradores necesarios.

Los autores intelectuales son las altas direcciones de los bancos. El director de sucursal y resto de empleados de sucursal son los autores materiales. En realidad, sólo han sido los “tontos útiles”. En muchas ocasiones han vendido la basura de las preferentes a sus propios familiares y amigos. Son los que ahora tienen que hacer frente a las recriminaciones y la furia justificada de las víctimas. Ahora mismo en el sector bancario hay más índice de depresión que entre los profesores de secundaria.

Los supervisores (CNMV y Banco de España) han sido colaboradores necesarios. Se escudan de forma reiterada en el principio de libertad de emisión para decir que no podían impedir la venta de esos títulos. Esta excusa es inaceptable. Tenían a su disposición muchas herramientas para impedir el crimen. Quieren hacernos creer que son unos supervisores del mercado, que supervisan, pero que si ven una práctica incorrecta no pueden hacer nada.

El verdadero problema es que en 2009 el sistema financiero español estaba herido de muerte. Los supervisores dejaron que las entidades llevaran a cabo su plan. Miraron para otro lado. Dejaron que los bancos capitalizaran los ahorros de las familias. Seguramente no preveían que hubiera tanto activo inmobiliario tóxico en los balances ni que pudiera haber una catástrofe de esta magnitud. Pero permitieron que los riesgos se desplazaran a las familias. A los jubilados. A los más vulnerables. Es verdad que en el año 2009 no había una alternativa fácil para evitar el colapso del sistema. Pero la solución que diseñaron los bancos fue la más barata para ellos y la más costosa para la sociedad. Los supervisores permitieron conscientemente que la banca fuera rescatada con el dinero de la gente corriente. Con su pasividad, la CNMV y el Banco de España colaboraron en el atraco del siglo. Y omitieron su deber de socorro.

El argumento de la defensa

En todo este teatro de sombras, el argumento de la defensa es que pudo haber errores en la comercialización de preferentes. Se repite como un mantra que no se debió vender a personas que no saben leer ni escribir, con Alzheimer o con enfermedades graves. Estos son sólo los casos más sangrantes. Las preferentes son valores de alto riesgo y fueron emitidos por unas entidades con que tenían su solvencia comprometida. Por ello, las preferentes de 2009 no se debieron vender a los ahorradores particulares de ninguna clase o perfil.

El Congreso juega al policía torpe.

La clase política tiene la difícil papeleta de conjugar los intereses de la banca y los de los afectados/votantes. Se les ha ocurrido sacar de la chistera el invento de los arbitrajes y una comisión del Congreso para el seguimiento de las preferentes. Todo ello bien rodeado de declaraciones más o menos solemnes de apoyo a los perjudicados y condena de lo ocurrido.

Los banksters sonríen y se frotan las manos. Los arbitrajes impulsados desde instancias políticas para resolver las reclamaciones de afectados de Bankia, Caixa Catalunya y Novacaixa Galicia pretenden facilitar el acceso de los afectados a una indemnización de forma rápida y sin costes judiciales. En realidad, el coste que se paga es muy alto porque los arbitrajes institucionalizan el argumento de la defensa. Hay que estudiar caso por caso. Ver si se firmó la documentación, el nivel de estudios, la procedencia y necesidad del dinero, etcétera. Lo que interesa a las cúpulas de la banca es desplazar el foco de atención a analizar lo ocurrido en las sucursales con cada venta.

Más de medio millón de afectados. Miles de casos verdaderamente dramáticos. Manifestaciones. Jubilados y familias que lo han perdido todo. Ciudadanos al borde de la desesperación. El Congreso no ve la conexión entre miles y miles de casos de mala comercialización. En los juzgados se van acumulando las condenas a las entidades de crédito. Sentencias judiciales individuales favorables a clientes de todo tipo y condición. Pero parece ser que el Congreso no encuentra el hilo conductor en un abuso bancario masivo. Es extraño, porque incluso Anacleto, agente secreto, lo encontraría en una sola tarde. Está todo ahí delante: el móvil, el arma, el plan maestro.

La única explicación es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Resulta patente que no hay coraje político para investigar lo que pasó en la verdadera escena del crimen. A kilómetros de la oficina o sucursal. En la sala enmoquetada del consejo de administración.

Y es que los atracos perfectos son aquellos en los que nunca se pilla al culpable.

¿Crimen sin castigo?

El pasado viernes 31 de mayo la fiscalía emitió un informe en el que concluía que no encontraba indicios de delito en la emisión de participaciones preferentes. ¿Es esta la línea que va acabar imponiéndose? Reconducir el problema hacia la jurisdicción civil y el arbitraje no conduce al óptimo social. Será un cierre en falso.

Durante los años dorados las entidades obtuvieron jugosos beneficios. Los depositantes y acreedores del banco no accedieron a esos dividendos. Tampoco lo hizo el contribuyente. Consolidar el rescate encubierto de las entidades que se realizó en el 2009 con cargo al ahorro de las familias no es justo. Supone entregar el beneficio al accionista (privado o público) y descargar las pérdidas sobre los acreedores. Compensar a los preferentistas con cargo a los presupuestos generales tampoco es justo porque supone legitimar la privatización del beneficio y la socialización de la pérdida.

En un momento de escasez de dinero no hay una solución fácil. Pero sea cual sea la solución que se adopte debe pasar necesariamente por anular los dividendos entregados durante los años de la burbuja (por ser beneficios ficticios) y depurar responsabilidades penales de los artífices de la trama. Son esos que sonríen y saludan a la gente cuando les abuchean en la calle y en las juntas de accionistas. Los que acuden a declarar como testigos en el caso Bankia, cuando en realidad deberían estar en el banquillo de los acusado junto a Rato.

Una sociedad sana no puede permitir que los autores intelectuales del atraco del siglo salgan impunes. Si no hay condenas de prisión, volverán a repetirlo en la próxima crisis. Ellos no aplican en su toma de decisiones criterios morales, sino cálculos de riesgo/beneficio. La cárcel debe actuar como incentivo disuasorio. En caso contrario, el riesgo moral que se asume es que vuelvan a especular de forma oportunista. No puede haber paz para los malvados.

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