Librecambismo económico, proteccionismo parlamentario

He aquí una paradoja del Sistema. Los grandes partidos (PP, PSOE, PNV, CIU) defienden, con escasos matices, un modelo económico de liberalismo o libre comercio en el que se opta por suprimir las limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales. Así, se eliminan o reducen los aranceles e impuestos a la importación. Además, en el mercado interno se han promovido desde el poder político las condiciones necesarias para fomentar la apertura y liberalización de sectores como las telecomunicaciones, la energía, el transporte aéreo o los servicios funerarios. Se nos dice que es bueno para la sociedad que los flujos de bienes y servicios se rijan por la competitividad de las empresas.

 

No obstante, este mismo principio que consideran positivo para la actividad económica en el mercado lo ignoran para la actividad política. En España existe un oligopolio parlamentario desde 1978 que los grandes partidos se resisten a abrir. Cualquier nueva iniciativa política que pretenda tener representación parlamentaria debe superar unas barreras de entrada que son casi imposibles. La principal es que para entrar en el reparto de escaños del Congreso es necesario tener un voto mínimo del 3% (art. 163 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

 

La crisis económica que nos azota desde 2007 ha generado grandes cuotas de indignación entre la población por los privilegios de la clase política (a quien se percibe como una Casta) y ha incrementado el desapego de muchos ciudadanos respecto de los partidos tradicionales. En noviembre de 2006 Ciutadans entró en el Parlamento de Cataluña, en marzo de 2008 UPyD coló una diputada en las Cortes Generales y en 2011 Foro Asturias irrumpió en el parlamento autonómico. El Sistema ha acogido con poca preocupación a estas nuevas formaciones porque comparten sus principios básicos y evita la fuga de votos hacia plataformas anti-Sistema. Actualmente, el riesgo de ruptura y de entrada de nuevos partidos es inminente e incluye formaciones ajenas al Sistema.

 

La teoría de las élites de Pareto enseña que el dominio político tiende a conservarse en manos de un grupo que jamás ha aceptado una competencia absolutamente libre. En este sentido, la democracia no es diferente de ningún otro régimen político. La mejor prueba de ello es que ante el riesgo de ruptura y fragmentación del arco político, en enero de 2011 se aprobó una reforma del art. 163 LOREG por la cual se pasaba a exigir el aval del 0,1 % del censo electoral de cada circunscripción, pero sólo a los partidos y coaliciones que no hubieran obtenido representación en los comicios anteriores y con el obstáculo añadido de que un mismo elector no puede prestar su firma a más de una candidatura. En estas mismas fechas el poder político aprobaba medidas para “flexibilizar” la economía y el mercado de trabajo.

Dentro de este proteccionismo político autodefensivo, el PP se lleva la palma. Un elector de izquierdas puede votar a varias formaciones de ámbito nacional (PSOE, IU, UPyD) y regionales de muy diverso tipo. En el ámbito de la derecha el PP mantiene el monopolio, sólo disputado a nivel regional por otras formaciones de perfil sustancialmente similar. Resulta sospechoso que la formación política que defiende con mayor ahínco el liberalismo económico sea precisamente la más proteccionista en el espacio político. Ni siquiera en nivel organizativo aplica su receta y la democracia interna brilla por su ausencia. Lo que el PP considera bueno para el mercado y los consumidores no lo considera bueno para la política y los electores.

El sistema político liberal debería llevar a la libre circulación de élites. Sin embargo, la realidad política demuestra precisamente lo contrario. Es una paradoja del Sistema que, sinceramente, debe ser motivo de reflexión.

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