CORRUPTOCRACIA: ÉLITES LADRONAS

La Casta forma un complejo entramado de mediocridad extractiva.

politicos riendo

La situación: hartos de la corrupción. 

El último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) publicado a principios de abril reflejaba que la corrupción se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles por detrás sólo del paro. El malestar y la indignación ha llegado a unas cotas tan altas que a Rajoy no le quedó otra que pronunciarse sobre los escándalos continuos en el último debate sobre el estado de la nación.

Rajoy dijo que “ni todos los políticos son corruptos ni España es la nación más corrupta. España es un país limpio que lo está pasando mal”. El presidente del Gobierno ha calificado esos casos como “aislados” y ha defendido que “generalizar es profundamente injusto” ya que “la mayoría es honrada”.

Rajoy juega con las palabras para escurrir el bulto. El problema (para él) es que los datos no respaldan su mensaje.

Corrupción estructural

Rajoy dice: “España no es la nación más corrupta”. Eso está fuera de toda duda. El problema no es la nación, sino su casta dirigente. Rajoy dice: “la mayoría [de la clase política] es honrada”. Puede ser. Parece que quien no es honrado es la mayoría de los dirigentes de la cúpula. Hay muchos ciudadanos implicados en política a niveles de base e intermedios que son personas con espíritu de servicio. Nuestro agradecimiento más sincero. Pero los casos de corrupción que se han destapado, por su número y alcance, hacen pensar que la mayoría de los dirigentes de los grandes partidos son responsables por acción o por omisión.

Hace unos días el Consejo General del Poder Judicial daba a conocer que en España se investigan más de 1600 casos de corrupción política y económica. La corrupción emponzoña todas las instituciones de la administración y a todos los niveles. Ninguno de los partidos ha hecho en sus últimos años una inspección en serio de sus estructuras para detectar corruptelas y depurarlas. La conclusión inevitable es que o bien están conchabados y forman parte de la corrupción o bien son terriblemente negligentes y, por tanto, inhábiles para gestionar los poderes y recursos públicos.

Por territorios, la comunidad donde se investigan más casos relacionados con la corrupción es Andalucía, donde se tramitan 656 causas. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 280 asuntos, Cataluña con 215, Canarias con 197, Madrid con 181 y Galicia con 110.

De estas causas, 302 son consideradas “macroprocesos” por el volumen de implicados en las mismas y por la complejidad de los hechos investigados como es el caso, por ejemplo, de los EREs fraudulentos en Andalucía, la trama Gürtel o el caso Palma Arena.

Los grandes casos de corrupción pública suponen un agujero de más de 1.500 millonesde euros. La cifra incluye 900 millones de euros por el caso de los EREs (PSOE), 220 millones por la trama Gürtel (PP), 110 millones por el fiasco del Palma Arena (PP), 100 millones por el caso Forcem (UGT), 45 millones por el caso Pretoria (PSC, CIU) o 35 millones por el caso Millet (CDC).

Por mucho que se empeñe Rajoy, no son casos “aislados”. La corrupción está descontrolada y corroe los pilares del Estado.

Nada nuevo bajo el sol

En el año 2009, el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, publicó un informe que revelaba que existían 730 causas judiciales abiertas contra políticos, 264 de ellas contra miembros del PSOE y 200 contra miembros del PP. Además de estas había otras 43 causas abiertas contra Coalición Canaria, 30 contra CiU, 24 contra el Partido Andalucista, 20 contra Izquierda Unida, 5 contra Esquerra Republicana de Catalunya, 3 contra el Bloque Nacionalista Galego, 3 contra el PNV, una contra ANV, una contra Eusko Alkartasuna y algunas otras contra formaciones locales (p.ej. el GIL de Marbella).

La corrupción llevada a cabo por la Casta no es nada nuevo. Lo nuevo es el hartazgo de la gente y que ahora la gente hable del tema sin defender las vergüenzas del partido al que uno vota. Empieza a cundir la idea de que el sistema actual de partidos cerrados y poco supervisados favorece la corrupción y desincentiva las purgas.

Se dice que cuando baja la marea aparecen los cadáveres en la playa. Esta crisis ha hecho que la marea baje a niveles inusitados y ahora descubrimos que la arena pública estaba mucho más llena de cadáveres de lo que podíamos imaginar.

Conclusiones

En nuestra opinión, las conclusiones que Rajoy no ha querido extraer (porque no le interesa son las siguientes):

  1. El mayor grado de corrupción se produce en aquellos territorios donde ha gobernado un mismo partido de forma ininterrumpida
  2. Todos los partidos están salpicados. A mayor poder de un partido, mayor corrupción.
  3. Ningún partido ha querido aplicar medidas para descubrir y depurar la corrupción en sus estructuras. El caso Bárcenas puede dinamitar el Partido Popular desde dentro y demuestra que un partido puede jugarse su propia supervivencia antes que poner coto a la corrupción.
  4. Los macroprocesos como los EREs y la trama Gürtel pone de manifiesto que los partidos han generado una red clientelar de corrupción con tentáculos que se extienden de forma masiva entre la ciudadanía.
  5. La única institución del Estado que no presenta signos de corrupción estructural es el poder judicial, que es precisamente el que no gestiona directamente fondos públicos y sólo tiene influencia de los partidos en sus estratos superiores.

En otras palabras, a más administración, más corrupción. A mayor tamaño y complejidad de la administración, menores posibilidades de control y mayores de corrupción. A más partitocracia, más corrupción y menor supervisión. A más subvenciones y dinero gestionado por el gobierno, más clientelismo político. ¿Las soluciones? El que diga que tiene la receta definitiva es u sujeto peligroso porque desconoce la naturaleza humana. Pero hay unas ideas muy claras que pueden servir para empezar. La autofinanciación de partidos y sindicatos, la introducción de listas abiertas y desbloqueadas para quitar capacidad de control a las cúpulas políticas y devolvérsela a los electores y una separación de poderes efectiva que despolitice de una vez por todas la justicia en sus tramos superiores.

La finalidad no es adelgazar y debilitar el Estado en beneficio de los poderes económicos. Las instituciones deben mantener fuertes competencias para corregir los equilibrios y asimetrías en la sociedad y en el mercado. La finalidad es reducir el dispendio del gasto, las duplicidades, el clientelismo y la intromisión innecesaria de los poderes públicos en la vida de las personas. Todo ello en beneficio de los cuerpos intermedios como las familias, las agrupaciones profesionales, culturales y vecinales. La persona no debe verse indefensa ni ante la administración ni ante los mercados. En nuestra opinión, debe reforzarse la sociedad civil, la subsidiariedad y estrechar los vínculos naturales de una sociedad orgánica. ¿Qué te parece nuestro planteamiento?

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