CONSERVADORES ANTIDESAHUCIOS (2/2)

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Un verdadero conservador defiende los vínculos sociales y el arraigo de una familia a su hogar

Un diagnóstico a tumba abierta

La actual oleada de desahucios es consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la destrucción masiva de puestos de trabajo y la falta de liquidez. Esta burbuja se generó, en buena medida, como consecuencia de prácticas especulativas del sector de la construcción (participado y financiado por la banca) y de una facilidad de acceso al crédito por parte del consumidor. La facilidad del crédito fue propiciada por la banca tanto con tipos bajos de financiación como con el alargamiento del plazo de devolución (hipotecas a 30 años). Determinar qué porcentaje de culpa corresponde a cada cuál es un debate en el que muy probablemente no se llegará a un consenso pero sí, al menos, en que parte de la responsabilidad corresponde a la banca. También es difícil negar que durante los años dorados las entidades bancarias (sobre todo, las cajas) obtuvieron formidables beneficios del ladrillo y que ese ánimo de lucro le llevó a aumentar temerariamente su exposición al riesgo inmobiliario. Hay una insólita carta enviada por la asociación de inspectores del Banco de España en mayo de 2006 al entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, que cargaba contra la gestión del gobernador del Banco de España en aquella etapa y que ha resultado ser visionaria. Decían así los técnicos:

Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato”.

No se trata de criminalizar a las entidades financieras en su conjunto (bueno, tal vez un poco sí) ni de considerar inocentes a todos los «impagadores» de su hipoteca, pero parece que cualquier ecuación que pretenda una distribución justa de responsabilidades deberá descargar, en una medida considerable, parte de las consecuencias sobre la banca.

Algunos voceros de la derecha liberal repiten constantemente que muchos han vivido durante años “por encima de sus posibilidades”. Actúan como propagandistas del politburó bancario. No vamos a negar que en los años dorados muchos españoles se metieron en hipotecas que difícilmente iban a poder mantener durante 30 años. Si ellos fueron irresponsables, los departamentos de riesgos de los bancos lo fueron más. No podemos olvidar que unos son consumidores y los otros entidades profesionales que cuentan con los más modernos mecanismos de gestión del riesgo. Existen documentos de la Comisión Europea que lo dicen muy claro:

el comportamiento irresponsable de ciertos operadores del mercado contribuyó a crear una burbuja inmobiliaria y fue uno de los elementos determinantes de la crisis financiera. Es obvio, por tanto, que es necesario combatir la concesión y contratación de préstamos irresponsable, a fin de evitar que se repitan las condiciones que desembocaron en la actual crisis financiera.”

El rigor (tuerto) de la ley

En esta situación en la que gran parte de culpa corresponde a las entidades, aplicar sin más a las familias el rigor de la legislación hipotecaria parece injusto. Sobre todo porque esta legislación está redactada a la medida de las necesidades de la banca. El gobierno de Zapatero endureció aún más la legislación con lo que se denominó (acertadamente) la ley del desahucio exprés. Una vez el hipotecado había impagado (incluso un sólo plazo) se ponía en marcha una maquinaria judicial diseñada para expulsar al deudor de su casa por la vía rápida. El «rodillo» se ponía en marcha y producía unos efectos brutales: el banco podía exigirte la devolución inmediata de todo el importe del préstamo, pasaban a generarse unos intereses de demora abusivos (algunos hasta del 29%) y, llegado el día de la subasta, el banco podía quedarse el piso por un 50% del valor de tasación. Así ha pasado que las familias han sido expulsadas de su casa y aún deben dinero de la hipoteca al banco.

El tribunal europeo ha tenido sacado los colores a nuestras Cortes (rendidas a las exigencias normativas de la banca) y ha señalado que el ordenamiento español no estaba en línea con la normativa europea porque los consumidores no tenían reconocidos unos mecanismos de defensa mínimos ante abusos.

A partir de ahí el gobierno de Rajoy se ha apresurado a reformar la legislación hipotecaria. Pero la ha reformado poco, tarde y mal. Se ha resistido a admitir la dación en pago que exigía la iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma Anti-Desahucios.

La perspectiva conservadora

Desde una perspectiva conservadora, la iniciativa de la PAH parece justa. Pretende la protección de las familias en una situación económica excepcional que, no lo olvidemos, ha sido provocada, en buena medida, por la especulación inmobiliaria inflada alegremente por un sector bancario irresponsable. En este contexto, un verdadero conservador defiende los vínculos sociales y el arraigo de una familia a su hogar. Ve tremendamente injusto que cuando una entidad no pueda pagar se la rescate y que cuando una familia no puede pagar se le expulse de casa. Para un verdadero prevalece el bien común y la justicia social antes que el mantenimiento de todos los derechos de la parte fuerte de un negocio con germen especulativo.

La dación en pago es una buena solución para que las familias tengan una segunda oportunidad. No es necesariamente cierto que la dación en pago vaya a incrementar los precios de las hipotecas. Con un entorno de devaluación de salarios, habrá un momento en que los precios de las hipotecas no podrán aumentar más. Y si en el futuro los bancos quieren seguir financiando promociones de viviendas y concediendo préstamos, tendrán que contener el precio de las viviendas.

No es cierto que los hipotecados vayan a dejar de pagar de forma oportunista. En la comparativa de las curvas de morosidad y desempleo existe una clara correlación, de modo que se aprecia que incumple el que no puede pagar. Entregar la vivienda en pago de la deuda no es ningún negocio. Todo el mundo sabe que la hipoteca es la hucha del pobre. Entregar las llaves de la casa implica perder todos los ahorros hasta la fecha.

Tampoco la pérdida de la seguridad jurídica debe ser el argumento definitivo. La seguridad jurídica de los bancos, se entiende. Quienes han puesto en riesgo la seguridad jurídica son ellos, que han creado riesgos sistémicos para toda la sociedad. En un debate jurídico sobre el drama de los desahucios, el punto de partida debería ser, necesariamente, el art. 47 de la Constitución que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que los poderes públicos deben regular el suelo para “impedir la especulación” (este segundo punto no se suele mencionar nunca en el debate sobre la seguridad jurídica).

En resumen, la propuesta de la dación en pago es justa. Es una pena que la haya abanderado casi en exclusiva la PAH y que todos sus portavoces procedan de sectores de izquierda radical. Pero eso también indica lo desfondada moralmente que está la derecha. En una sociedad sana, lo normal sería que hubiera un movimiento transversal en defensa de la dación en pago y que los conservadores (auténticos) formarán parte de él. Del lado de la banca estarían los conservadores del monedero o los “conserva-duros”. Cada vez está más claro que la derecha no puede estar a la vez en la defensa de los bancos y de las familias.

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