BANCO SISTÉMICO, BANCO ANTISOCIAL (1 de 2)

¿Es legítimo que un banco crezca de tal forma que su quiebra ponga en peligro a todo el mercado? ¿A toda la sociedad? ¿Al bien común?

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Too big to fail.

En el sector financiero se dice en ocasiones que un banco es “demasiado grande para caer” (“too big to fail”). Son los denominados bancos sistémicos. Aquellos que tienen tal tamaño que su colapso puede provocar un efecto dominó que ponga en peligro a todo el sistema financiero. En España, los bancos considerados sistémicos son el Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, el Popular y el Sabadell tras la compra de la CAM. Otras entidades sistémicas a nivel internacional son, por ejemplo, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas o Deutsche Bank, por citar solo algunos.

La quiebra de una de estas entidades puede producir efectos tan demoledores que los gobiernos simplemente no pueden permitirse el lujo de dejarlos caer. Las consecuencias serían demasiado catastróficas para todo el mercado. Por eso los gobiernos están prácticamente obligados a rescatar a estos bancos con el dinero del contribuyente para evitar males mayores a la sociedad (y, en consecuencia, al propio contribuyente convertido en socorrista forzoso).

Así, paradójicamente, las instituciones más netamente capitalistas consiguen zafarse de la regla de oro del capitalismo según la cual una empresa que no puede sobrevivir por sí misma debe ser eliminada del mercado. Al saberse inmunes a la quiebra, los bancos pueden verse incentivados para adoptar medidas más arriesgadas en su búsqueda del beneficio. Al atenuarse la prudencia en la toma de decisiones, aumentan las probabilidades de quiebra y, por tanto, de rescate público. Se genera así un círculo vicioso.

Lo peor de todo es que el sistema económico actual favorece la formación de grandes grupos bancarios para ganar en “competitividad”. De esta forma se incrementa el riesgo sistémico con la misma rapidez que una burbuja.

La solución ultraliberal y la alternativa

Ante este problema los gurús ultraliberales (habituales hoy en las los platós de televisión y en las ondas radiofónicas) proponen que no se rescate a ningún banco. De esta forma, se pretende neutralizar el oportunismo de las entidades. Si los bancos saben que no van a ser rescatados de ningún modo, se ven obligados a adoptar decisiones prudentes y evitar las arriesgadas. Esta teoría pretende romper el círculo vicioso por el lado de los incentivos y aplicar a ultranza la regla de oro del capitalismo.

En nuestra opinión, esta teoría tiene dos problemas: (1) intenta prevenir la quiebra de las entidades sistémicas pero no tiene un plan B para cuando esta quiebra se produzca y (2) es ineficaz para revertir la inercia de un sistema económico que favorece la formación de grupos bancarios sistémicos.

Por eso nosotros preferimos una solución alternativa que nos parece más efectiva: la prohibición democrática de que un banco alcance el nivel de sistémico. De esta forma, se evita que cualquier entidad pueda constituir una amenaza para la sociedad. Todo pueblo tiene derecho a defenderse de las amenazas externas e internas y toda libertad tiene límites. Nadie tiene derecho a operar con explosivos o sustancias nocivas en su casa porque constituye un peligro para la sociedad. También la muy válida y respetable libertad de empresa tiene límites. Ninguna corporación tiene el derecho a situarse en una posición en que su viabilidad constituya una amenaza para la comunidad a la que sirve. Ningún interés económico privado puede situarse por encima del bien común.

Y decimos de forma intencionada que un banco debe servir a la comunidad porque, aunque hoy nadie parece acordarse, la actividad bancaria es un servicio público. Para crear y gestionar un banco, se debe pedir una “ficha bancaria” al Banco de España. Es decir, la administración pública determina qué entidades reúnen los requisitos para poder prestar ese servicio y cuáles no. No existe un derecho ilimitado a ejercer la actividad bancaria. Muy al contrario, se trata de una actividad altamente regulada porque están en juego los ahorros de la ciudadanía, la seguridad jurídica y el orden público. Así, dado que la administración puede retirar la ficha bancaria a una entidad, con mayor motivo puede realizar una intervención menos drástica como poner límites al crecimiento de una entidad. Este tipo de medidas restrictivas se utilizan por parte de las autoridades de la competencia para favorecer la competitividad en el mercado. No vemos ninguna razón que impida ejercer la misma facultad cuando lo que está en juego es algo de mucha mayor trascendencia que la “competitividad”. Estas medidas pueden ser la nacionalización parcial o la segregación y venta forzosa de unidades productivas de la entidad.

Los gurús liberales no se atreven a plantear este tipo de medidas porque son fundamentalistas de mercado y cualquier injerencia de los poderes públicos constituye para ellos un “liberticidio”, por mucho que su objetivo sea tan loable como la protección de la población. Aplaudirían con gusto la intervención de la policía en una vivienda donde se esté operando con explosivos pero, por algún motivo, no ven con buenos ojos la intervención a una corporación cuya actividad puede generar una onda expansiva mayor.

En caso de no ponerse coto al crecimiento de las entidades bancarias pueden llegarse a la situación en que un gobierno y una sociedad estarán obligados a tener que acudir al rescate de los bancos en apuros para evitar que el sistema financiero se caiga como un castillo de naipes. Esto llevaría a consolidar un resultado manifiestamente injusto como la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Algo que, desgraciadamente, hemos visto ya demasiadas veces en esta crisis.

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